Acabó la fecha fijada y no hubo nada directamente logrado sobre el EPP. Sin embargo sí hubieron efectos colaterales que el Observatorio Internacional, que fue e Concepción y San Pedro, pudo anotar.
“La gente teme ser identificada con el EPP y participar en acciones de protesta para exigir la vigencia de sus derechos. Reduce sensiblemente o renuncia a su participación en estos espacios. Les resulta difícil trasladarse sin ser molestados por las fuerzas de intervención. La criminalización de personas campesinas organizadas, permitió tomar conciencia de que en Paraguay se les obliga a demostrar su inocencia; ello sale caro y por eso quedan desmotivados y temerosos para seguir participando”.
“El núcleo del miedo manifestado por la población está en que el estado de excepción atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana. La gente manifiesta no poder hablar libremente en sus reuniones por temor a represalias”
“Los y las campesinos/as que no disponen de su documentación en regla, deben pagar “peajes” y quedan retenidos muchas horas en los puestos de control, renuncian a la comercialización de sus productos en los mercados locales, evitando salir de su comunidad. Por esta razón, muchas veces suspenden, además, el cultivo y/o elaboración de sus productos. Esto impacta decisivamente en su economía familiar“.
No consiguieron quienes impulsaron desde el Parlamento su objetivo principal sobre el EPP y los daños colaterales fueron grandes. Aumentó el miedo que ya estaba desde el primer estado de excepción en el 2.010. La inseguridad creció y fueron dañadas las organizaciones populares. Inclusive la economía salió golpeada. Para muchos esta medida constituyó una decepción grande. Algo que debiera de ser motivo de una evaluación pública a partir de este Informe del Observatorio Internacional. La sociedad civil de San Pedro y Concepción , por su medio, ha dicho una palabra que debe de ser considerada y de ella sacar consecuencias.
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“La gente teme ser identificada con el EPP y participar en acciones de protesta para exigir la vigencia de sus derechos. Reduce sensiblemente o renuncia a su participación en estos espacios. Les resulta difícil trasladarse sin ser molestados por las fuerzas de intervención. La criminalización de personas campesinas organizadas, permitió tomar conciencia de que en Paraguay se les obliga a demostrar su inocencia; ello sale caro y por eso quedan desmotivados y temerosos para seguir participando”.
“El núcleo del miedo manifestado por la población está en que el estado de excepción atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana. La gente manifiesta no poder hablar libremente en sus reuniones por temor a represalias”
“Los y las campesinos/as que no disponen de su documentación en regla, deben pagar “peajes” y quedan retenidos muchas horas en los puestos de control, renuncian a la comercialización de sus productos en los mercados locales, evitando salir de su comunidad. Por esta razón, muchas veces suspenden, además, el cultivo y/o elaboración de sus productos. Esto impacta decisivamente en su economía familiar“.
No consiguieron quienes impulsaron desde el Parlamento su objetivo principal sobre el EPP y los daños colaterales fueron grandes. Aumentó el miedo que ya estaba desde el primer estado de excepción en el 2.010. La inseguridad creció y fueron dañadas las organizaciones populares. Inclusive la economía salió golpeada. Para muchos esta medida constituyó una decepción grande. Algo que debiera de ser motivo de una evaluación pública a partir de este Informe del Observatorio Internacional. La sociedad civil de San Pedro y Concepción , por su medio, ha dicho una palabra que debe de ser considerada y de ella sacar consecuencias.
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