EL actual Defensor del Pueblo después de cumplir el plazo de su mandato de cinco años, lleva otros seis. Algo que no se explica en una democracia, pero sí en lo que tenemos de ella. Es útil al sistema y basta. Pero, de su objetivo principal de defender los DD.HH. del Pueblo frente a los abusos del Gobierno de turno, nada.
Y la culpa hay que echársela al poder
legislativo que nada ha hecho por muchos años en cambiarlo. Para él es una
simple ficha de trueque en el horizonte de la politiquería. Una verdadera
vergüenza.
El 12 de marzo de este año, más de veinte
organizaciones presentaron al Presidente del Congreso un documento
pidiendo la elección de un nuevo Defensor del Pueblo.
Los causales son: mal desempeño del objetivo de su
función, corrupción al conceder indemnizaciones a personas sin méritos (se
supone que así se malgastaron 4.160 millones de G.) y al no concederlas a
quienes tenían todo el derecho y cuyos expedientes quedaron encajonados.
El documento presentado al Presidente del Congreso es
claro cuando exige:
1. El esclarecimiento de todas las denuncias, así como
el juzgamiento y sanción a quienes sean culpables.
2. Las autoridades correspondientes del Senado deben
fijar, lo antes posible, una fecha inmediata para el inicio de la convocatoria
de candidatos/as a Defensor/a del Pueblo Titular y Adjunto, asegurando la
debida publicidad de la convocatoria.
3- Además la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Defensa Nacional deben garantizar transparencia y debate ciudadano en el
marco del proceso de evaluación de postulantes para la confección de las
ternas.
4- La Cámara de Diputados respecto a la elección del
Defensor/a del Pueblo Titular y Adjunto a partir de dichas ternas, deben
proceder considerando principios claves como la idoneidad y el compromiso con
los fines constitucionales para los que fue creada la Defensoría del Pueblo y
evitar el cuoteo político-partidario.
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