Muy distinto sería el
actual Paraguay si hubiéramos tenido un Defensor del Pueblo idóneo, honesto y
elegido sin cuoteo político. El actual no cumple estas condiciones y debe de
ser juzgado y sancionado. Y con él los dos partidos tradicionales que
prevaricaron en su elección y añaden con ella un argumento más para que el
Pueblo no les de su voto.
El deber del Defensor
del Pueblo es ser una pieza
fundamental para que cese
la impunidad en el Paraguay. A él le
compete la investigación de las violaciones contra los DD.HH. sin ninguna
limitación en personas o lugares. Emite la censura pública por actos referentes a los DD.HH. e
informa a las dos
cámaras y a la ciudadanía en general de su gestión.
El actual Defensor del
Pueblo, cumplió sus cinco
años de mandato y todavía lleva seis más en el cargo.
El 12 de marzo se
presentó un documento a
la Presidencia del Senado en nombre de más de 20
organizaciones donde se afirma
que “La actual
Defensoría del Pueblo del Paraguay nunca ha cumplido su rol
fundamental en la defensa de los derechos humanos”.
Ha sido sistemáticamente
denunciada. Sin embargo,
tras 26 años de vida política pos-dictatorial, no se ha podido consolidar la
democracia ni se respetan esos principios.
Seguimos con
presos políticos, se asesina a campesinos e indígenas que luchan por sus derechos, se violan
derechos laborales y aún no se han identificado los cuerpos exhumados que
podrían tratarse de personas durante la dictadura.
La Defensoría
del Pueblo ha estado ausente en las más difíciles situaciones que se dieron
desde que asumió el cargo. Por ejemplo en el caso Curuguaty, frente a la
criminalización de la lucha campesina e indígena y las represiones y asesinatos
en el marco de la lucha por la tierra.
Urge la elección de un
nuevo Defensor de los DD.HH.
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