Admiro la facilidad
con que los fiscales, apoyándose en las denuncias de la policía acusan a
ciudadanos inocentes
de delitos como “Asociación
criminal ilícita para delinquir” o de “Atentar contra la paz pública”. Y los
envían a Tacumbú o, con suerte, a prisión domiciliaria.
Crece la impresión de que luego toda la investigación fiscal es
buscar a como sea, pruebas verdaderas o fraguadas
que apoyen esas acusaciones que con gran
ligereza pusieron en la carátula
de la acusación.
Un caso palmario es el del fiscal Jalil Rachid en el caso de Marina Kue que repite
una y otra vez las mismas acusaciones
para las que no tiene pruebas.
Esto es grave y muestra
que en el Paraguay no hay justicia.
El último caso ha sucedido en Curuzu de Hierro. En seguida y sin
pruebas aluden al EPP como causa de la balacera en la que mueren dos miembros de la familia
Ovelar y otros caen heridos.
No se puede probar que tuvieran en esta familia un arma de
fuego, y el fusil que aparece es plantado por los militares.
Las palabras del Vicario general de la Diócesis de
Concepción son claras “En el caso de la familia Ovelar se trata de una
ejecución perpetrada por las Fuerzas Militares y que no hubo tal
enfrentamiento, como insisten desde el Gobierno”.
"Estuve en la casa de la familia Ovelar, donde ejecutaron a
dos personas. No se puede barnizar ni defender lo que hicieron los militares.
Fue una ejecución abierta”
Agregó que luego de la balacera, ningún agente fiscal se acercó
al lugar del hecho, tampoco un médico forense.
"El EPP es nefasto, pero no se puede acusar a cualquiera
que es del EPP. No se puede combatir al terrorismo con más terrorismo” indicó el sacerdote.
Lamentablemente los MCS comerciales
apoyan a este engaño y lo esparcen.
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