El jueves 20, el Senado aprobó una ley
con una clausula que daba licencia al MOP para desalojar la
población que viviera por donde va a construirse la prolongación de
la Avenida Costanera. Así, lo que el Intendente Samaniego no pudo lograr con la
ordenanza 390/014, esta ley lo ha conseguido.
Su construcción comenzará el año que
viene y tendrá un coste total de 117 millones de dólares. 81 millones de
dólares se gastarán en su construcción. Cinco millones de dólares en su
fiscalización. Y seis millones de dólares en sacar a las familias sobre cuyas
casas va a construirse. Unas 500 familias que son alrededor de 2,500 personas.
Dos millones dólares para los pocos que tienen título y cuatro millones para
los miles que no lo tienen.
Hay una injusticia que hace
pensar. Y lo primero es que este proyecto de la Avenida Costanera poco o nada
tiene que ver con la disminución de la pobreza.
Para nada se contó al hacer su trazado
con los pobladores bañadenses. De haberse hecho, estaría trazada sin romper en
dos partes a la población que va a quedar seis metros por los dos lados más
baja que la avenida.
La segunda la propuso una docente:
siendo esta avenida de un tránsito de mucho miles de coches, que
irán a gran velocidad, ¿cómo la atravesarán sin peligro los niños que tengan
que ir a la escuela, si no hay previsto ningún puente para ellos?
Absurda en su trazado esta prolongación
de la Costanera.
Ahora el Senado ha aprobado que se
desaloje de bañadenses que estorben para su realización. Son
familias empobrecidas, expulsadas por la soja del campo y esto no interesa
a los senadores.
Nuestra respuesta es que los que
aprobaron esta ley y sus partidos tampoco nos van a interesar a los
bañadenses. No les votaremos en las elecciones.
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