Los sojales van poco a poco avanzando y expulsando a los
campesinos de sus tierras. Algo inexorable porque es un plan de duplicar tierra
dedicada a la soja en pocos años. Avance que se nutre con la compra de tierras malhabidas, o de las
derecheras.
Esta invasión expansiva de compras de tierras, con ser nefasta
para el campesino que sólo tiene 10 ó 20 hectáreas, no es lo
peor. Lo verdaderamente destructivo
es que la soja necesita unos cuidados para su pleno rendimiento que, por ser
mortales, son mortalmente
dañinos y acelera la posesión creciente de la tierra.
Los productos tóxicos que emplea destrozan la salud de quienes
son fumigados una o varias veces al año. Causa muertes, malformaciones,
enfermedades para toda la
vida. Ante esto, el campesino no tiene más remedio que huir.
Recordemos el último caso recientemente sucedido en Huber Duré
en Canindeyú. Un asentamiento completamente rodeado de sojales.
Resultado: dos niñas muertas, tres en grave estado y 33 personas
además intoxicadas en diversos grados.
E’A (24-VII) da más detalles. “El
abogado Hugo Valiente, señaló
que lo denunciado hoy en Huber Duré sigue el mismo patrón que los demás casos.
Valiente criticó
la reacción de sistema de salud, “totalmente cómplice con los sojeros, negando,
minimizando el hecho de la intoxicación, cuando deberían partir de esa
hipótesis, porque tiene todas las características de un caso de intoxicación
con agro tóxicos”.
Valiente califica
la reacción del Estado ante esta situación “de tardía, incompleta y parcial,
frente a un fenómeno estructural masivo, que se da en condiciones totalmente
ilegales, violando todas las leyes ambientales. Esto se viene denunciando desde
hace años, pero no se reacciona a menos que muera gente. Asegura que no hay una
política para cumplir la legalidad, y ni hablar de regular el agronegocio para
darle algún rasgo sustentable, ni mucho menos una política de protección de la
agricultura familiar campesina”.
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