Admiro la facilidad con que fiscales,
apoyándose en las denuncias no tan firmes imputan a ciudadanos inocentes
de delitos como “Asociación criminal ilícita para delinquir” o de
“Atentar contra la paz pública”. Y los envían a Tacumbú o a prisión
domiciliaria.
Crece la impresión de que el objetivo
de toda la investigación fiscal es buscar a como sea pruebas verdaderas o fraguadas
que apoyen esas imputaciones que con gran ligereza pusieron
en la carátula de la acusación.
Un caso palmario es el del fiscal Jalil
Rachid en el caso de Marina Kue, quien repite una y otra vez las
mismas imputaciones para las que no tiene pruebas.
Esto es grave y muestra que
en el Paraguay la justicia no funciona.
Otro caso sucedió hace tiempo en Curuzu
de Hierro. Enseguida y sin pruebas aluden al EPP como causa de la balacera
en la que mueren dos miembros de la familia Ovelar y otros caen
heridos.
No se puede probar que tuvieran en esta
familia un arma de fuego, y el fusil que aparece es plantado por los militares.
Las palabras del Vicario general
de la Diócesis de Concepción son claras “En el caso de la familia Ovelar se
trata de una ejecución perpetrada por las Fuerzas Militares y que no hubo tal
enfrentamiento, como insisten desde el Gobierno”.
"Estuve en la casa de la familia
Ovelar, donde ejecutaron a dos personas. No se puede barnizar ni defender
lo que hicieron los militares. Fue una ejecución abierta”
Agregó que luego de la balacera, ningún
agente fiscal se acercó al lugar del hecho, tampoco un médico forense.
"El EPP es nefasto, pero no se
puede imputar a cualquiera que es del EPP. No se puede combatir al
terrorismo con más terrorismo” indicó el sacerdote.
Pareciera que lo principal no es
descubrir la verdad, sino imputar, para amedrentar y frenar los
deseos de cambio.
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