La próxima semana
anuncian la Audiencia Preliminar
de la causa de Curuguaty. Esta causa
tiene muchas interrogantes que se necesitamos se aclaren de una vez ante la
justicia.
¿Todo comenzó con una
orden del juez de allanamiento o de una orden de desalojo?
¿Cuál fue la primera
víctima y por qué con ella no se cortó
todo para buscar otro método menos violento?
Las tierras de Marina
cue, ¿son fiscales?
Sea cual fuere la
orden del juez, ¿qué pretendía, cuando se montó, este operativo con más 200 uniformados entre
policías, cascos azules, y fuerza de represión, contra un poco más de 50
campesinos donde había mujeres y niños?
¿Fue un aviso para
que el ejecutivo y la ciudadanía se quedaran tranquilos sin molestar más a los
sojeros y ocupantes de tierras mal habidas? En este sentido, ¿quién fue en
concreto la autoridad que montó este operativo y tiene la autoría de el?
¿Por qué a los
policías muertos se les hizo a todos la autopsia y no a los campesinos
(exceptuando a los dos
que encontraron muertos al día siguiente)?
No está clara cómo la
justicia ha tratado esta masacre. Después de la huelga de hambre de 57 días y
la segunda de cuarenta y tantos días de presos de Curuguaty
y la presión continuada de la ciudadanía ante la Fiscalía General
de la República,
el juez José Benavides fue apartado d e
la causa.
Tampoco la ciudadanía
está conforme con la conducta del fiscal Jalil Rachid. Por su cercanía a los
dueños de las tierras invadidas y por su patente obsesión de estar seguro que
los campesinos son los únicos culpables de las muertes. Es notorio el rechazo
de la investigación privada realizada, cuyas pruebas se le han comunicado. Da
la impresión de que el fiscal ya se convenció de quienes eran los culpables
antes de estudiar todas las pruebas.
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