RECHAZAMOS LA APP

La rechazamos  mayoritariamente en el plebiscito nacional que fue la huelga y paro general,  con cortes de calles y rutas y la presencia masiva del campesinado. Y, a pesar del poco caso que nos hizo el presidente, la seguimos rechazando.

¿Por qué?

Primero, porque es anticonstitucional (artículo 3° CN) el concentrar todo el poder sobre un  asunto tan importante como es el disponer de los bienes del estado, en manos del presidente  Cartes.

Segundo, de acuerdo a la versión del Senado es posible privatizar todo: el agua (acuífero guaraní, todo el agua potables); alcantarillado sanitario; la generación eléctrica (Itaipú y Yacyreta); la ANDE, las comunicaciones (COPACO); los  hospitales, la educación; ferrocarril, aeropuertos,  la navegación fluvial; los  puertos, la industria nacional del cemento (INC); gasoductos, oleoductos, y cualquier otro bien privado del estado. Se remata todo el Paraguay al mejor postor.

Tercero, solo el Ejecutivo, sin mediación del Congreso podrá con esta ley firmar contratos por 30 años, extensibles  a 40, y sin control ninguno, para usar la infraestructura del estado sin pagarle nada al estado.

Cuarto, también se deja de lado el poder judicial y en caso de conflicto Cartes podrá nombrar el juez que decidirá el diferendo, aunque sea una institución extranjera.

Quinto, para  colmo la empresa privada  no corre ningún riesgo. Solamente corre riesgo el estado que se podrá hipotecar  para garantizar la inversión privada. Con el peligro  que con este pago se quede sin plata para pagar maestros, policías, enfermeras, los programas sociales como Tekoporᾶ, tercera edad,  apoyo a la  niñez y a discapacitados.

Lo que  hoy plantea Cartes con la APP es multiplicar por 1.000 la estafa hecha por Gramon Berres en tiempos de Stroessner, por una fábrica que nunca funcionó de la que salimos garantes y por la que debemos 100 millones de dólares a los bancos suizos.

Decididamente rechazamos la APP.