Policía torturando a un detenido en la Comisaría 24 del Bañado Sur. |
En medio de la dictadura muchos soñábamos que cuando viniera la democracia ya no habría más torturas ni malos tratos.
Han pasado
25 años desde que el dictador se fue y siguen las torturas y malos tratos.
Siguen los llamados apremios ilegales que prohíbe taxativamente la Declaración de los
Derechos Humanos en su artículo 5°.
¿Por qué esta aberración?
Primero, por la impunidad que existe entre nosotros como
práctica institucionalizada. Se tortura pero no se investiga, no se sanciona, no se indemniza a las víctimas, no se castiga a los
autores. Y los torturadores son agentes del estado. Además se piden coimas para
soltarlos luego sin llevarlos al fiscal, pero con la amenaza que no se lo digan
a nadie.
Segundo, se tortura a los más empobrecidos como los campesinos,
a los recluidos en penitenciarias o comisarías, a los drogadictos, a los
indígenas, a los jóvenes y adolescentes. Nunca he escuchado que un senador,
diputado o empresario hay sido torturado.
Tercero, abunda la tortura en las aprehensiones y detención primaria. Allí abunda la
brutalidad, los golpes, las provocaciones. Y la excusa es siempre que se
resistieron. Y todo esto
ocurre porque se demora la comunicación al fiscal o al juez y se aprovechan de
esos intervalos y entre todos ocultan los apremios ilegales que hay.
Cuarto, todo esto se hace corriente en cárceles y penitenciarias
donde quedan como objetos amontonados y sin defensa. Un problema institucional
del que no se ocupa el estado.
Al condenado solamente se le priva de su libertad de ir
donde quiera y no del derecho de vivir
con dignidad. Es urgente que en el Paraguay haya un cambio en la política
carcelaria más acorde a los DD.HH. Ni como ser humano ni como cristiano acepto
la realidad actual.
Lo escrito está inspirado en el artículo de ACCION, abril
2014, de la profesora en DD.HH. Soledad Villa.
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