En la primera inundación (2014-2015), el Centro de
Estudios Paraguayos Antonio Guash (CEPAG), presentó en un escrito cuatro
denuncias de organizaciones populares y pobladores de los Bañados en lo
referente a la inundación.
La primera denuncia fue por la falta de
previsión y de acción preventiva por parte de las entidades nacionales. Se
conoce que el río Paraguay tiene subidas importantes cada 20 años, por lo
que se temía que uno de estos años ocurriera. Sin embargo ni la Municipalidad
ni el Gobierno nacional previo esta situación. Como resultado las familias
inundadas se vieron abandonadas o la ayuda llegó tardíamente.
La segunda denuncia se refiere a la partidización y
mal manejo de la asistencia. Se ayudó preferentemente a los operadores
político o correligionarios. Inclusive, en cierto momento se pretendió llevar
la asistencia por medio de las seccionales.
Se hicieron famosas las declaraciones del Presidente
de la seccional 45 de que en la emergencia “se tiene que trabajar con la
autoridad comunal, no tienen que trabajar con un pa’i, ni con una radio, para
eso está el presidente de la seccional. Él es el representante de la
comunidad. Si hay veinte villas en un barrio, él representa a las 20
villas, porque tiene autoridad y fue elegido”. Pueden suponerse el
revuelo que sus palabras levantaron.
La tercera denuncia se refiere al boicot a las
organizaciones sociales naturales del barrio. Con los medios de ayuda
rompían la organización natural y nombraban a otros nuevos
referentes afines a sus intereses partidarios.
La cuarta denuncia se refiere al intento de desalojo
de los bañadenses de sus tierras por parte del gobierno nacional y local,
aprovechándose de sus salidas a los campamentos por la inundación. Todo ello
presuntamente en relación a dejar los bañados libres para un negocio
inmobiliario.
En este inicio de inundación no queremos repetir las
cuatro denuncias.
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