Seguimos
insistiendo en que diputados inicie el Juicio Político a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Se les acusa por el mal
desempeño de sus cargos (delitos que
perjudican al servicio público, deshonran al país, impiden
el ejercicio y garantía d e la Constitución etc.). También por la
prevaricación (violar el derecho para favoreceré o perjudicar a una de
las partes..) y su autonominación como
inamovibles hasta que cumplan los 75 años. Sobre todo esto tengo un libelo de
44 páginas.
Hoy surge otra
inculpación. Las llamadas acordadas.
Cada miembro de la
Justicia recibe su sueldo de acuerdo al nivel en que trabaja y su
representación. Desde siempre había un
cobro extra que se pedía para hacer una gestión o simplemente para estampar su
firma en un documento.
Pero desde el año 2008
se fijaron las acordadas. Una cantidad de plata que se paga por una gestión o
por una simple firma. Un caso: se le concede a una persona prisión domiciliaria y por la firma del documento se paga al juez una tasa. Un suponer 200.000 guaraníes. Un
ejemplo solamente. Y pregunté: ¿Y si uno
no quiere pagarlo porque no tiene o porque se niega ya que el juez recibe su sueldo?. “Pues vas a Tacumbú”, me
respondieron. Es una plata que, con
tanto papeleo, como se mueve por el
Palacio de Justicia, no es pequeña y que
viene bien a todos. También es como un regalo disimulado, para evitar problemas
que pudieran surgir en el personal alto o bajo.
Es curioso cómo han
encajonado las causas que hay contra los siete magistrados de La Corte Suprema
de Justicia. Ellos conocen, aceptan inclusive practican estas arbitrariedades. Pero , son intocables.
Y la ciudadanía se pregunta:”¿Por qué este favoritismo?”.
El resultado de todos estos delitos
es lo que llamamos la impunidad.
Y por ella estamos como estamos.
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