El año 2.000 el gobierno boliviano
hizo un acuerdo con la empresa multinacional Becthel para mejorar el agua potable en Cochabamba. Los resultados
no fueron los deseados y el Gobierno rompió el contrato. La empresa por medio
del CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias e Inversiones) y de
las Reglas de Inversión Global, demandó en un tribunal norteamericano a Bolivia por 50 millones de dólares. Los
gastos de inversión habían sido solamente 1 millón, el resto era por lo que pudiera haber ganado en los años
del contrato.
El 2.009 cuando el Gobierno de El
Salvador se negó a dar un permiso ambiental a la empresa multinacional Pacific
Rim que extraía oro, la empresa lo demandó en un tribunal norteamericano por valor de 315 millones de dólares.
El año 2.010 el gobierno del Perú
revocó la licencia a la fundición de la
empresa multinacional Doe Run Perú, por contaminación de plomo en la sangre de
la población circundante. La empresa demandó al Perú en un tribunal norteamericano
como compensación por 800 millones de dólares.
Desde entonces existe una campaña
global en Latinoamérica para evitar
acuerdos con multinacionales que puedan acogerse a estos tribunales norteamericanos.
Vengamos ahora al Paraguay.
¿Por qué nos hemos opuestos
sistemáticamente al contrato que impulsa Federico Franco con la multinacional
del aluminio Río Tinto Alcan?.
Por varias razones.
Hoy me fijo solamente en una: la
empresa Río Tinto Alcan quiere un contrato
con el Paraguay por 30 , y si es posible, por 50 años.
Las condiciones que pone nos
someten a una verdadera esclavitud económica, que además está subsidiada. Por
eso, tarde o temprano un Gobierno patriota anularía el contrato.
De acuerdo a las Reglas de
Inversión Global y al CIADI seríamos demandados en los Estados Unidos y
tendríamos que pagar una grandiosa deuda.
Algo peor que el desgraciado
contrato con Itaipu firmado por el Dictador.
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