Pareciera que la ley
que obligaba a la declaración de bienes y rentas a los que acceden al poder y la
obligación de repetirla al acabar el periodo de cinco años, no era una ley bien
acogida mayoritariamente, salvo excepciones, por los elegidos para representarnos.
En años anteriores hubo
reticencias bien fuertes. Inclusive, falsedades, que luego serían achacadas a
olvidos “involuntarios”.
Lo cierto es que
ahora, si no dicen lo contrario, esta
ley de declaración de bienes será sepultada.
¿Cuál es la causa?.
El mayor argumento en
contra de esta ley es que la ciudadanía pueda llegar a conocer el alto sueldo
que tienen y además todos los enriquecimientos ilícitos de muchos de sus
políticos.
Otro argumento, es que,
si se cumplían las sanciones a los infractores, les podría haber creado problemas.
No por la multa, entre 300 y 500 salarios mínimos, sino por su inhabilidad en casos graves par seguir en los cargos para
los que fueron elegidos.
Ahora la ciudadanía
tiene que presionar para que esta ley no desaparezca.
Y la razón principal
es que impediría el aumento de la impunidad para seguir nuestros
representantes robando y corrompiéndose,
salvo pocas excepciones.
El freno a ser
descubiertos un día por la
Justicia o por un MCS, todavía está frenando a algunos.
Aunque, también,
reconocemos que son tantas las maneras de hacer trampas y de recibir plata
indebida con las coimas cuando hay votaciones importantes en el Congreso, que aun
con esta ley, muchos se
escaparían.
Lo que me admira en
todo esto es que la ley de obligación de
la doble rendición de cuenta de los bienes y rentas, desaparece y todo siga
igual.
Los políticos sonríen
bajito y la ciudadanía calla. Y la ciudadanía haciendo esto se cierra el camino
para luego poderlos acusar de enriquecimiento
ilícito.
¿Qué hacer para mantener la ley?.
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